Impacto ambiental de nuevas urbanizaciones en Campos
Contrasta con la creación de una tasa para proteger el suelo rústico.
El GOB ha denunciado que las dos nuevas urbanizaciones previstas en el término municipal de Campos, una en Sa Vinyola y la otra en Son Verí de Sa Ràpita, afectarán grandes áreas de vegetación natural, las cuales quedarán ocupadas y destrozadas por la construcción de nuevos complejos hoteleros y viviendas. Según los ecologistas, de las más de 90 hectáreas que ocupan los dos sectores de suelo urbanizable, unas 60 hectáreas son de vegetación natural de monte bajo formada por acebuche y pinar. Por otro lado, al destruirse la vegetación natural, se producirá un impacto negativo sobre la fauna al perder su hábitat natural. Con más de cinco mil nuevos habitantes, las nuevas urbanizaciones producirán otros impactos como son el aumento muy importante del consumo de agua y energía, el incremento de la producción de residuos y del tránsito rodado, además de la pérdida de terrenos agrícolas y la desfiguración y alteración de parajes i panorámicas tradicionales.
El GOB cuestiona que el aumento de plazas turísticas y residenciales sea positivo para Mallorca y afirma que todos los informes técnicos señalan un exceso de oferta. En este sentido, los ecologistas coinciden con las observaciones que han realizado últimamente el Centre de Recerca Econòmica (noticia), la asociación empresarial Exceltur (noticia) y el Parlamento Europeo (noticia), entre otros.
Las urbanizaciones de Sa Vinyola y Son Verí se prevén en la adaptación de las Normas Subsidiarias de Campos, actualmente en tramitación. Esta modificación legal supondrá incrementos espectaculares en la capacidad de población y del consumo del territorio en base a unas incomprensibles compensaciones urbanísticas consistentes, entre otras, en eliminar un hotel en Cala Sant Vicenç (Pollença) o, alternativamente, un hotel en Sóller que está de baja desde el año 2002. Este tipo de medidas contrastan de forma radical con el anuncio realizado desde el Consell de Mallorca de gravar con una tasa la edificación en suelo rústico para frenar su urbanización, además de obtener fondos para destinarlos a la protección territorial y patrimonial.
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