La consellera de
Obras Públicas,
Vivienda y Transportes del Govern de les Illes Balears, Mabel Cabrer,
y el conseller ejecutivo de
Obras
Públicas del Consell de Mallorca, Antoni Pascual, firmaron la
semana pasada un protocolo que establece el marco general de actuaciones
a realizar por ambas instituciones en materia de carreteras y caminos de
Mallorca. Este acuerdo de financiación supondrá modificar
el Plan de Carreteras de Mallorca, propuesta que se presentará el
próximo 6 de octubre para su aprobación en el Pleno del Consell
de Mallorca. La ejecución del nuevo Plan de Carreteras representará
la construcción de la autovia Inca-Manacor, que pasará por
Sineu y Petra, el tercer carril de la autopista Palma-Inca, la mejora de
la vía Sa Pobla-Alcúdia, el segundo cinturón de Palma,
el soterramiento de parte del Paseo Marítimo de Palma, y la prolongación
de la autopista de Poniente hasta Peguera y la de Levante hasta Campos,
entre otras.
Según ha publicado el
GOB,
en esta
nota de
prensa, los nuevos proyectos de autopistas y autovías provocarán
una fuerte agresión sobre el campo mallorquín al consumir
20 millones de m2 de territorio. Además, los ecologistas consideran
que la ejecución de estas obras públicas implicará la expropiación
de unas 4.000 propiedades privadas, favorecerá el transporte privado,
fomentará el consumo de combustibles fósiles, disminuirá
la permeabilidad del territorio y provocará un gran impacto paisajístico
y social. El GOB opina que el presupuesto de 524 millones de euros que
tienen las obras es demasiado elevado y considera que Mallorca tiene otras
prioridades en educación, sanidad, residuos, abastecimiento de agua
y transporte público. Por último, los ecologistas reclaman
un Plan Integral de Transportes, como paso previo para desarrollar cualquier
plan de infraestructuras viarias.
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